Cuando recibió la notificación, a Soraya Miguel Solano se
le cayó el mundo encima. El mensaje era claro, mucho más que los
papeles repletos de cláusulas y asteriscos que había firmado años antes,
cuando el banco le prestó sin problemas 180.000 euros para comprar un
piso en Zumarraga. Ahora, la entidad financiera le da tres semanas para
desalojar su vivienda. Esta vez no hay letra pequeña. No quedan
opciones.
Sucedió el pasado 21 de febrero. Desde entonces Soraya,
de 36 años, vive sin fuerzas en un estado de constante mudanza hacia
ninguna parte. El plazo se cumple el próximo día 12 y no sabe muy bien
dónde vivirá a partir de ese momento. «Tengo amigos que nos ayudan, creo
que no me dejarán en la calle», contesta. Es lo mismo que les dice a
sus hijos de 8 y 10 años. «Se han dado cuenta de que nos van a echar de
casa y me preguntan a dónde vamos a ir».
Para explicar lo que le ocurre hay que remontarse a días
más o menos felices. Soraya dejó en 2001 su trabajo en una peluquería
para atender a su hijo recién nacido. Podía permitírselo porque el
sueldo que ganaba su marido como escolta daba para eso y para mantener a
la niña que nació dos años más tarde. Poco más se puede pedir a la
vida, además del piso que habían comprado por 180.000 euros, obras
incluidas, gracias a un crédito por el mismo importe que les concedió el
banco a cambio de 800 euros mensuales.
Pero hay momentos en los que la vida se tuerce porque no
hay manera de impedirlo, como bien saben tantos millones de existencias.
En la cresta de la ola, el matrimonio decidió seguir la senda de los
emprendedores y en 2004 abrió un comercio de calzados que terminó su
andadura cuando comenzaron a sentirse los efectos de la crisis
económica.
Negociaciones
A partir de ese instante, y por razones que sólo pueden
explicar sus protagonistas, el futuro se nubló para Soraya. En 2008 se
separó de su marido y presentó contra él una demanda por violencia
física y psicológica. El resultado, según la mujer, fue que a su ya
expareja «le apartaron de sus funciones profesionales». Sucedió así que
el paso que dio Soraya para denunciar malos tratos, una iniciativa
altamente recomendada por instituciones y organismos en defensa de los
derechos de las mujeres, atrajo sobre ella una serie de malas
consecuencias. La primera, y fundamental para completar esta historia,
fue que el exmarido se negó a pagar a su exesposa su parte de la
hipoteca del piso.
Privada de esta fuente de sustento y sin trabajo, Soraya
empezó a limpiar casas y se apuntó a un curso municipal de pintura.
Durante una temporada cobró el paro, pero los ingresos a través de esta
vía se acabaron. En la actualidad percibe 600 euros mensuales del padre
de sus hijos. «Le han embargado la nómina», explica.
«No me atendieron»
Con una hipoteca de 800 euros al mes, unos ingresos de
600 euros y dos niños que mantener no hace falta saber mucho de
aritmética para averiguar que algo no cuadra. Consciente de lo que se
avecinaba, Soraya trató de negociar con su banco en varias ocasiones. La
primera vez acudió a la entidad acompañada por una abogada para
explicar que ella no podía pagar la hipoteca entera y que reclamaran la
mitad a su exmarido, que era el que se negaba a hacerlo. «Pedí que me
rebajaran la cuota a la parte que a mí me tocaba, pero ellos no lo
aceptaron».
La segunda vez obtuvo la misma respuesta aunque de forma
diferente. «No me atendieron, sólo pude hablar con la secretaria de
fuera», afirma Soraya. Y en una tercera ocasión su abogada logró obtener
audiencia con el banco para tratar de negociar una reducción de la
cuota o una cesión del piso en alquiler. La respuesta a todos sus
intentos ha sido la notificación que recibió el 21 de febrero. Desde
entonces el piso de Soraya está cada vez más vacío. Poco a poco va
apilando sus enseres en cajas que almacena en el garaje que le ha dejado
un amigo, pero ve próximo el momento en el que no tenga un lugar físico
donde guardar los muebles. «Desde que recibí el aviso estoy como loca
recogiendo», dice.
Si las matemáticas no fallan, lo que raras veces ocurre
en el sector financiero, Soraya deberá 90.000 euros el día en que el
banco se haga cargo de su vivienda «por la mitad de su valor». Cuando
leyó la letra pequeña se dio cuenta de que hasta ese momento lo que
había pagado eran los intereses del crédito. «El préstamo estaba sin
tocar y nos faltaban dos años para empezar a amortizar el piso».
Lo más difícil es contar todo esto a los niños. «Se lo he
tenido que decir porque me han visto recogiendo cosas y se han dado
cuenta», afirma Soraya, que explica que esa misma mañana ha tenido que
escribir una nota para que su hijo la lleve a la profesora. No parece
una anécdota demasiado especial, pero las palabras cambian de forma
cuando la madre empieza a llorar y se transforma en una mujer desbordada
por los acontecimientos. «No tengo fuerzas ni para ir a hablar con la
maestra». (FUENTE: EL CORREO).
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