Comprobar que todos los perceptores de la renta de
garantía de ingresos (R.G.I.) están realmente residiendo en Euskadi ha sido el
primer paso de Lanbide para destapar los posibles casos de fraude. Pero
hay más. «A lo largo del año se acometerán nuevos procesos para que
nadie esté en el sistema injustamente», advirtió ayer la consejera de
Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta. Desde Lanbide anuncian que la
próxima semana se presentará un nuevo «programa de choque» para la
activación y orientación de buena parte de los perceptores de RGI.
Esta estrategia tiene una doble finalidad: de un lado, la
evidente, que es ayudar a encontrar trabajo a los beneficiarios. De
otro, controlar a esas personas y descubrir engaños. ¿Cómo? En la
Administración se sospecha que existen bastantes casos de economía
sumergida entre quienes cobran esta ayuda social. Así que organizar
cursos formativos de asistencia obligatoria o citas con los técnicos de
Lanbide para diseñar una estrategia destapará, según esta tesis, a esos
tramposos que trabajan en 'negro' para mantener las ayudas.
Hay que recordar que la RGI supone un pago de entre 612 y
870 euros al mes, dependiendo del tamaño del núcleo familiar. Para
Zabaleta, el futuro de las personas que reciben la ayuda «y pueden
trabajar, debe ser el empleo, no un subsidio». Es decir, «el sistema de
protección debe tener un puerta de entrada y otra de salida. La RGI no
es un lugar al que se debe acceder para quedar instalado, debe ser el
único refugio cuando se pierde el empleo», añadió. Cada mes, Lanbide
abona 27 millones de euros en estas ayudas, y otros 5,8 para la
prestación complementaria de vivienda. (FUENTE: EL CORREO).
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