lunes, 2 de abril de 2012

Solicita una pericial caligráfica para probar que no hizo un informe falso.

El vicepresidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y jefe intercomarcal del PAR en la demarcación, José Antonio Sanmiguel, ha pedido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Calatayud que le tome un cuerpo de escritura para practicar una prueba pericial caligráfica en el asunto de las multas de tráfico. Su objetivo es probar que no fue el autor material del informe falso gracias al cual una multa de tráfico dirigida a él terminó siendo endosada a una mujer que años atrás había trabajado como prostituta en Calatayud, municipio en el que Sanmiguel es concejal.
Sanmiguel está imputado en esta causa junto con tres empresarios locales, un agente de la Guardia Civil de Tráfico --R. H. I.-- y un ciudadano de origen rumano amigo de este --N. D.--, que a su vez está encartado en otra causa como presunto jefe de un grupo de narcotraficantes que operaba desde la whisquería de Terrer.
La jueza lleva meses investigando la manipulación de documentos que hizo que sendas multas de radar por exceso de velocidad impuestas por Tráfico a Sanmiguel y a los industriales terminaron siendo endosadas a una joven que ahora reside en Valencia y que años atrás había trabajado en un club de alterne bilbilitano en el que N. D. actuaba como encargado. Las retiradas de puntos recayeron en la chica, que se enteró de la suplantación al comunicarle en su banco que no podía retirar dinero de su cuenta porque Hacienda la había bloqueado por el impago de alguna multa. La de Sanmiguel sí fue liquidada.
Las pesquisas, desarrolladas por el Cuerpo Nacional de Policía, apuntaban inicialmente a R. H. I. --amigo de Sanmiguel desde la infancia-- y a N. D. como los responsables del chanchullo. El político aseguró en sus declaraciones que él le había entregado el boletín de sanción al guardia civil para que le arreglara el problema, y sostuvo que se lo había dado tras ofrecerse este para quitarle la multa. Paralelamente, otro de los encartados afirmó que le quitaron la multa tras entregarle el boletín a un empleado rumano que le había comentado que un compatriota suyo --identificado luego como N. D.-- tenía mano para arreglar este tipo de asuntos.
R. H. I. y N. D. negaron esa versión. Y una pericial ha corroborado su tesis al demostrar que la mano del guardia no redactó los informes mendaces. Sanmiguel pretende probar que tampoco fue la suya. En cualquier caso, la instrucción debe determinar quien fue el autor intelectual del texto. Quién lo ideó. (FUENTE: EL PERIÓDICO DE ARAGÓN).

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