viernes, 9 de noviembre de 2012

Sin noticias de Anglés 20 años después del crimen de las niñas de Alcàsser.

Veinte años después del asesinato de Miriam, Toñi y Desireé, las tres niñas de Alcàsser, sigue sin conocerse el paradero de Antonio Anglés, considerado el autor material de los crímenes, mientras Miguel Ricart, el único detenido por los hechos, cumple en prisión una condena de 170 años. El próximo día 13 se cumplen dos décadas de la desaparición de las tres menores de entre 14 y 15 años, que fueron vistas por última vez cuando se dirigían desde Alcàsser, una población muy cercana a Valencia donde residían con sus padres, a la discoteca "Coolor" de la vecina Picassent, a la que nunca llegaron.

Se inició entonces la búsqueda de las adolescentes, que concluyó el 27 de enero de 1993 cuando un agricultor descubrió en el paraje de La Romana, cerca de la presa de Tous, una fosa en la que las menores estaban semienterradas. La autopsia reveló que Miriam, Toñi y Desireé fueron torturadas y violadas antes de ser asesinadas.
La repercusión mediática del triple crimen fue tal que a las pocas horas de haberse encontrado los cuerpos, programas de emisión nacional trasladaron sus platós a Alcàsser y entrevistaron a los padres, familiares y amigos de las niñas, en lo que numerosos analistas han llegado a denominar el “inicio de la telebasura”.
Un día después del hallazgo de los cuerpos, fueron detenidos varios sospechosos, entre ellos Miguel Ricart, que en su primera declaración ante la Guardia Civil admitió su participación en los crímenes, y Enrique Anglés, puesto en libertad el 30 de enero.
Un tercer sospechoso, Antonio Anglés -hermano de Enrique-, que se encontraba fugado de Picassent tras aprovechar un permiso penitenciario, se dio a la fuga, aunque su participación en los crímenes fue confirmada al descubrirse unos papeles rotos junto al lugar donde estaban enterrados los cuerpos.
Desde entonces se desconoce su paradero y aunque se especuló con que podía haber muerto ahogado en aguas de la costa de Irlanda, su búsqueda ha continuado, sin éxito, por distintos países de Latinoamérica y Europa. Tampoco se sabe aún qué relación tenían las niñas con los acusados.

La acusación popular pide una reunión con Interior

La Asociación Clara Campoamor, que ejerció la acusación popular en el juicio, pidió en una reunión con responsables del Ministerio del Interior que reactiven la búsqueda de Antonio Anglés, cuyo delito podría prescribir este año al cumplirse el plazo de 20 años que prevé la ley. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano han informado de que el fiscal y el juez del caso aún no han decidido la fecha a partir de la cual se contabilizará la prescripción del delito.
Según estas fuentes, el fiscal y el juez deben recabar la jurisprudencia para determinar el momento “jurídicamente indiscutible” a partir del cual prescribe el delito: si fue cuando desaparecieron las niñas, cuando fueron encontrados los cadáveres o incluso cuando se produjeron las detenciones.
El 12 de mayo de 1997, arrancó el juicio contra el único encausado, Miguel Ricart, quien, tras 49 vistas judiciales y la comparecencia de un centenar de testigos, fue condenado cerca de cuatro meses después -el 5 de septiembre- a 170 años de prisión por el asesinato y violación de las víctimas.
Durante el juicio, el tribunal consideró que aunque Antonio Anglés fue el autor material de los crímenes, Ricart estuvo presente y no hizo nada por evitarlos y, además, se le declaró culpable de cuatro delitos de violación por atacar sexualmente a una de las niñas y sujetar a las víctimas mientras otra persona, supuestamente Anglés, las forzaba.
En julio de 2005, la Audiencia Nacional declaró la responsabilidad patrimonial del Estado con relación al caso por la concesión en 1992 del permiso penitenciario aprovechado por Anglés para darse a la fuga.
Blanca Estrella, presidenta de la Asociación Clara Campoamor, ha asegurado que Ricart no saldrá de prisión hasta 2024 porque tanto la Audiencia de Valencia como el Tribunal Supremo y el Constitucional le dio la razón a la asociación cuando pidió que se le aplicara la “doctrina Parot”, que adjudica los beneficios penitenciarios sucesivamente a cada condena y no sobre el máximo de 30 años de cumplimiento. (FUENTE: LA REPÚBLICA).

Más información sobre el crímen: http://bit.ly/So1kXV

No hay comentarios:

Publicar un comentario