jueves, 6 de junio de 2013

Denuncian una estafa superior a 600.000 euros en una comunidad de vecinos.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Barakaldo ha abierto diligencias previas para investigar la contabilidad que ha manejado una comunidad de vecinos de la localidad fabril a lo largo de los últimos diez años. Presidentes de dos de los seis bloques que conforman el llamado 'Edificio Argentina', en el que residen más de 400 vecinos y que opera con cerca de 400.000 euros de presupuesto anual, han presentado durante los últimos meses cuatro denuncias ante la Ertzaintza. Aseguran que los propietarios de las viviendas han sido víctimas de una presunta estafa de 615.000 euros durante la última década.
En concreto, acusan al anterior conserje de «cobrar cheques en base a facturas falsas». En los últimos tres años presuntamente estafó «54.600 euros», una suma que el mismo admitió en su finiquito. En una carta remitida a la comunidad se «autoinculpó y exculpó al anterior gestor de cuentas, presidentes y secretarios de cualquier responsabilidad», afirman.
Pero los denunciantes consideran que el portero no pudo actuar solo y que su autoinculpación es la punta del iceberg. Han solicitado que se investigue la contabilidad de los últimos diez años, porque creen que tiene que haber «más implicados» detrás de una «presunta trama de elaboración de facturas de servicios no prestados por proveedores». Y elevan la cuantía presuntamente defraudada a «615.000 euros a través de 1.800 facturas falsas».
Misma firma y sello
Los damnificados basan sus cálculos en una auditoría que han llevado a cabo durante los últimos meses: cotejaron una por una las facturas recogidas y contactaron con los proveedores para comprobar si era cierto que habían realizado el trabajo. Así se encontraron con que algunas de las empresas «no existían» y otras «negaron» haber desempeñado esas tareas y haber emitido, por tanto, las facturas recogidas en la contabilidad.
El modus operandi de la presunta estafa era sencillo, siempre el mismo. De un formato de un proveedor inventado o de uno que había realizado labores para la comunidad se hacían varias fotocopias con diferentes cuantías y conceptos. Así, aparecen en la contabilidad documentos «similares con la misma firma a la misma altura y sin CIF de la empresa emisora», relatan los demandantes. Algunos de ellos han sido llamados a declarar para conocer su versión. Incluso Hacienda está investigando si han trabajado sin declarar.
Acceder a la contabilidad no ha sido fácil para quienes llevan años desconfiando de la gestión de la comunidad. No fue hasta hace dos años cuando uno de los presidentes decidió impugnar las cuentas. El objetivo no era otro que lograr que se entregara en los juzgados la contabilidad de ese ejercicio y así tener acceso a los papeles que ahora están en su poder y en manos de la Justicia. (FUENTE: EL CORREO).

No hay comentarios:

Publicar un comentario