viernes, 18 de julio de 2014

Los errores de la justicia en España y su coste económico.

El Karrat Ez Zitouni recibió el año pasado 650.000 euros del Estado. No fue ni una ayuda ni una subvención. Se trataba de una indemnización que intentaba compensar por la vía económica el calvario, los daños morales y de todo tipo, que ha sufrido durante 8 años y 11 meses por un mayúsculo error de la Justicia española. Ese es el tiempo que este ciudadno marroquí residente en El Ejido (Almería) ha pasado en la cárcel por la violación a una mujer en 2001 que él no cometió. Un juez le envió a prisión con la única prueba del testimonio de la víctima, que en 2006 se retractó y admitió que había mentido al señalar a un falso culpable. Por ello fue condenada en 2009 a una pena de tres años y una multa.

Sin embargo, mientras todo eso ocurría y pese a las evidencias, Ez Zitouni seguía recluido. No fue hasta marzo de 2010 cuando el Tribunal Supremo anuló la sentencia que le mantenía entre rejas. Ya había cumplido dos tercios de la condena inicial. Reclamó a la Justicia por medio de sus abogados y recibió los 650.000 euros para subsanar el infierno que habían pasado él, su mujer y sus tres hijos, de "corta edad" cuando sucedieron los hechos.

Ésta es una de las reclamaciones a la Administración de la Justicia resueltas a favor del afectado por funcionamiento anormal en 2013, un año en el que el Estado gastó 3,78 millones de euros por pifias en los tribunales, según un informe del Consejo General del Poder Judicial. Esa cifra, aunque abultada, es inferior a los 4,77 millones desembolsados en el ejercicio precedente.

¿Qué supone un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia? Un individuo puede reclamar ante los órganos competentes en varios supuestos. Uno de ellos es el error judicial, pero hay más. Los retrasos indebidos, la suspensión de una vista, el extravío de pruebas y documentos, la detención indebida y la prisión preventiva mal aplicada son otros de los motivos por los que puede iniciar el trámite.

El 'caso Ricardi'

En 2013 se pusieron en marcha 678 expedientes de responsabilidad patrimonial con cargo a la Administración, un número casi parecido al del año anterior (684). Y en el mismo periodo se resolvieron 679, que no tienen por qué ser los mismos que se abrieron, sino que puede incluir alguno pendiente de ejercicios anteriores. Este número es ligeramente inferior al de 2012, pero la diferencia resulta insuficiente para explicar por sí mismo por qué se ha reducido en un millón de euros el pago de indemnizaciones.

Es decir, no solo se desembolsó menos dinero en ese concepto porque se resolvieron menos casos, es de suponer que también influye la cuantía de cada una. No es lo mismo pagar a un afectado por la suspensión de una vista que a una persona a la que se ha enviado a la cárcel siendo inocente. Y de esta última naturaleza, la del error judicial -tal y como lo llama la ley-, ha habido casos muy sonados, además de el de Ez Zitouni. Por ejemplo, el de Rafael Ricardi, cuyo fallecimiento a principios de mes volvió a recordar la terrible situación por la que pasó.

Este hombre estuvo trece años en la cárcel acusado de haber cometido dos violaciones. Luego, se probó que él no fue el autor y salió de prisión en 2008. Había pasado 4.630 días entre rejas. El Estado le indemnizó con un millón de euros en 2010, después de que sus abogados presentaran un recurso para elevar la cifra de 550.600 euros con la que le habían compensado en un primer momento. Su letrada dice que nunca superó las secuelas psicológicas.

Los "infrecuentes" errores judiciales

¿Qué es exactamente un error judicial? Se trataría de una situación en la que "se acredita una respuesta improcedente" por parte del juez y que de ella "se deriva perjuicio alguno", señalan fuentes jurídicas. Pero hay que dar testimonio fehaciente de esa respuesta. En 2013 se dieron trámite a 92 nuevos casos de este tipo -el año anterior fueron 30 menos-, pero solo hubo tres indemnizaciones. En el ejercicio anterior fueron siete.

El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena, asegura que los errores judiciales son "infrecuentes". "Los jueces resuelven con corrección, perfección y responsabilidad", subraya. De hecho, explica que la Justicia española goza de muy buen reputación más allá de nuestras fronteras: "Nuestro nivel de calidad es reconocido". En su opinión, la cantidad de errores tiene más que ver con el manejo de miles de asuntos que con mala praxis.

No todas las personas que reciben una compensación de la Justicia han pasado por situaciones tan límites. De hecho, en 2013 se triplicaron los expedientes estimados por lo que el Consejo del Poder Judicial llama "dilaciones indebidas". Se trata de retrasos en los procesos judiciales. Hubo 72 casos que se admitieron a trámite.Ahora bien, "no todos" pueden prosperar. Los ordinarios, por ejemplo, "no dan derecho a la indemnización", puntualiza Llarena. Es decir, que cuando la lentitud de la Justicia tiene que ver con "sobrecarga o densidad" no hay nada que hacer. Se tiene que apreciar una "paralización no justificada" para que la queja reciba el aval de los órganos competentes.

Cada situación requiere de que se cumplan unos criterios. Por eso, no todos las reclamaciones que se presentan son admitidas a trámite. En 2013, se desestimaron 7 de cada diez. La cifra es alta, pero menor a la del ejercicio anterior. Entonces, solo se admitieron el 13,8%. Para presentar una solicitud hay que seguir un procedimiento judicial, pero antes hay que tener en cuenta qué hechos son indemnizables y que el daño que se alegue debe ser efectivo y evaluable. Así lo dicta la regulación. 

Cómo reclamar

Se llama reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado y debe dirigirse al Ministerio de Justicia. Se tramita siguiendo un procedimiento recogido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Lo primero es contar con una decisión judicial que expresamente reconozca el error;  si no es así, hay que solicitar la declaración de error judicial ante el Tribunal Supremo en un plazo de tres meses a partir del día en que el que pudo ejercitarse. Un vez reconocido el error, se podrá solicitar la indemnización en el plazo máximo de un año. (FUENTE: EL CORREO).

1 comentario:

  1. Hay que tener en cuenta que estas indemnizaciones son abonadas por las entidades aseguradoras contratadas para cubrir la responsabilidad civil.

    ResponderEliminar